La monarquía española desde 1977: legitimación y valoración de los jóvenes.
A nadie se le escapa el hecho de que los jóvenes suelen ser los impulsores de nuevas ideas y modelos de sociedad que rompen con los esquemas anteriores que sus padres o abuelos han construido. Ya sea por rebeldía o más bien por deseo de mejorar la realidad, el hecho constatable es que los jóvenes suelen ser motor de cambio. En este artículo pretende exponer los argumentos que esgrimen tanto los detractores de la monarquía española como sus partidarios.
El actual rey de España, Felipe VI, es hijo de Juan Carlos I de Borbón quien accedió al poder tras la muerte del dictador Francisco Franco el 22 de noviembre de 1975, de acuerdo con la Ley de Sucesión en la Jefatura de Estado de 1947.
El dictador Francisco Franco promulgó mediante esa ley el carácter monárquico del Estado español como Reino y cuya decisión sobre el heredero al frente de la Jefatura de Estado en forma de Rey o Regente se reservaba el Generalísimo. Así pues, el abuelo del actual Rey accedió al poder con el visto bueno de Franco.
Juan Carlos I y Franco
La oposición franquista liderada por los movimientos comunistas y nacionalistas vasco y catalán junto con el anhelo de la sociedad española de conquistar la libertad y un sistema democrático análogo a los países de su entorno occidental hicieron que a la muerte de Franco se produjese una complicada situación de fuerte conflictividad social y política.
Diana Sant Boi 1976
Finalmente, se adoptó una Constitución en 1977 y se adoptó un orden institucional y territorial –Parlamento legislativo elegido mediante sufragio universal, descentralización del Estado mediante Comunidades Autónomas, etcétera– que puso al aparato franquista contra las cuerdas. Se dice pues que el Rey Juan Carlos I trajo la democracia a España. A mi me gustaría puntualizar esta afirmación, ya que bajo mi punto de vista fue el conjunto de la ciudadanía española la que consiguió dar ese paso de madurez hacia un tipo de sociedad más plural e inclusiva que bajo la dictadura. No obstante, resulta innegable reconocer que Juan Carlos I formó parte de aquel proceso comúnmente llamado como “La Transición” en el que el monarca apostó decididamente por la modernización del Estado.
VI Congreso PCE
Dicho papel se corroboró de forma definitiva durante el intento de golpe de estado de 1981. El 23 de febrero de aquel año, algunos mandos militares y un numeroso grupo de guardias civiles a cuyo mando se encontraba el Teniente Coronel Antonio Tejero, asaltaron las Cortes Generales que tenían que aprobar la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo del partido Unión de Centro Democrático (ex-franquistas considerados aperturistas).
Teniente Coronel Antonio Tejero
También se ocupó militarmente la ciudad de Valencia en virtud del estado de excepción proclamado por el capitán general Jaime Milans del Bosch.
Los tanques en Valencia
En aquellos momentos críticos para la incipiente democracia, Juan Carlos I rehusó la rebelión militar. Desde entonces, la mayoría de la población española se declaró partidaria de Juan Carlos más que de la monarquía. Es decir, los españoles valoraban el esfuerzo que hizo el rey anterior en defender la democracia y la constitución como forma de legitimidad para gobernar antes que la monarquía como sistema institucional. Es importante entender esta matización para situarse en el contexto actual.
Así pues, tras el golpe de estado España asentó su sistema democrático parlamentario en el cual el Rey tenía una figura puramente protocolaria de representación y poco más. El rey reina, pero no gobierna en España. En la Constitución Española de 1977 se establece en su Título II sobre la Corona cuáles son los cometidos a los que debe responder. Concretamente en su artículo 62 se dice que corresponde al Rey:
a) Sancionar y promulgar las leyes.
b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.
h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.
El artículo 63 continua describiendo su rol:
- El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.
- Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.
- Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.
Así pues, el Rey está supeditado en todo momento a la iniciativa y actividad de las Cortes Generales, las cuales representan la soberanía popular en tanto en cuanto depositarias de la representación del conjunto del pueblo español que elige a sus representantes mediante sufragio universal directo.
Resulta de especial relevancia el artículo 65 del Capitulo II de la Constitución Española, ya que describe la financiación de la monarquía y su auto-gestión:
- El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.
- El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.
En este sentido, no es muy diferente de otras monarquías como la británica y la sueca, salvo en el origen de su legitimación y en la calidad de su transparencia en los gastos, ya que su escrutinio es prácticamente opaco a diferencia de otras monarquías europeas: los ciudadanos españoles no saben en qué, ni cuando ni dónde se gasta la Casa Real el dinero asignado del erario publico.
Rey Juan Carlos y Felipe VI
Actualmente reina en España Felipe VI después de que su padre Juan Carlos I abdicara del trono el 19 de junio de 2014 en su favor.
Sin embargo, las condiciones en las que Felipe VI difieren de las de su padre por una sencilla razón: pareciera que le falta cierta legitimación para ostentar su puesto a los ojos de parte de la población. Es decir, parte de los jóvenes piensan que sería bueno poder someter a referéndum la existencia misma de la Casa Real. Incluso se llegó a presentar una moción en el Congreso –que fue rechazada por los grandes partidos PP y PSOE- a iniciativa de Izquierda Unida que pedía la celebración de una consulta popular al respecto cuando Juan Carlos I abdicó en 2014.
Los impulsores de la consulta sobre la monarquía suelen ser de centro-izquierda, izquierda, progresistas o liberales vascos y catalanes que siguen identificando la monarquía como el vestigio de la dictadura de Franco, una institución no-democrática vinculada a las tradicionales élites del Estado español, así como al Ejército y la Iglesia que ha tenido numerosos escándalos de corrupción como el Caso Urdangarín (cuñado del actual rey) o polémicas como la caza de elefantes en Botswana de Juan Carlos I.
Sin embargo, hay un importante segmento de población –jóvenes incluidos– que piensa que el actual rey es heredero de la obra democrática y de progreso que su padre inició durante “La Transición” y es adecuado que exista como “árbitro” de la democracia. Los argumentos a favor de la monarquía suelen ser que es una figura garante de estabilidad y seguridad para el Estado. Una figura que, además, pretende representar la unidad de España frente a los separatistas. También se suele argumentar que el Rey es una figura clave en la diplomacia en tanto en cuanto Jefe del Estado, quien tiene facultad de representar España de forma eficaz alrededor del mundo con la finalidad de conseguir mayor influencia e inversiones para el país que pueda repercutir en la mejora de todos los ciudadanos.
Una manifestación en Pais Vasco
Así pues, son entre estas dos valoraciones que la mayoría de españoles se sitúan respecto a la monarquía en el siglo XXI. Hará falta ver cómo evoluciona la situación política para ver si las demandas por un referéndum sobre la monarquía se acaban cumpliendo. Irá muy vinculado a la evolución del actual sistema político que nació de la Transición. Algunos auguran que la muerte del llamado “bipartidismo” del PP y PSOE traerá consigo la revisión del actual sistema político constitucional y monárquico. Ciertamente podría ser una opción dados los precedentes históricos de los años 30 del siglo XX e España pero también podría darse una evolución híbrida con mayor transparencia de la monarquía que sirviese de legitimador o incluso una regresión en el actual entramado institucional español (eliminación de comunidades autónomas y recentralización, etc..).
Es, sin duda, una situación complicada reflejo de la conflictividad que vive España consecuencia de la crisis económica, política, social y territorial a la cual la monarquía deberá dar respuesta de forma efectiva si quiere proyectarse hacia el siglo XXI con un apoyo mayoritario por parte de los ciudadanos.
